Alerta: Cultura por Necesidad y Urgencia

Aquí te acercamos información y te invitamos a hacernos algunas preguntas sobre las reformas que propone el proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

Por Ideas Culturales

 Las artes y la cultura argentina, han sido siempre miradas con admiración por todo el mundo. Son innumerables los ejemplos de grandes personalidades que hoy son íconos nacionales y reconocidos internacionalmente y por las que nos sentimos orgullosos, pero que probablemente no hubieran llegado hasta ahí, si no hubieran recibido un apoyo fundamental por parte de su país cuando lo necesitaron.

La mencionada arriba es solo una de las aristas, también podríamos apuntar el campo laboral que se despliega a partir de la industria cultural nacional; o la gran tarea de inclusión que se lleva adelante a través de proyectos culturales y artísticos; además del disfrute y enriquecimiento cultural, o los efectos que provoca en la salud integral de las personas, el consumo y/ o práctica de actividades culturales y artísticas.

El proyecto de ley ómnibus que el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, presentó al Congreso, a través del cual, entre otras medidas de distinta índole, en sus 351 páginas y 664 artículos, pretende cerrar el Fondo Nacional de las Artes (FNA), reformar la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), desregular la actividad librera, hacer desaparecer el Instituto Nacional del Teatro, desfinanciar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y reducir el Instituto Nacional de la Música (Inamu).

En estas circunstancias, creemos necesario acercar información y proponer algunas preguntas:

¿De qué manera este Proyecto de Ley denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” favorece a la vida y libertad de la población?, o ¿A quiénes favorecen estas decisiones?

El proyecto presentado al Congreso, directamente deroga el decreto ley a través del cual se creó el Fondo Nacional de las Artes, es decir que, de aprobarse, dejaría de existir. Pero antes, invito a preguntarnos:

Se creó mediante el decreto N°1224/58 el 3 de Febrero de 1958, como organismo autárquico de la Administración Pública y actualmente es un organismo descentralizado, actuante en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación.

Cuenta con un formato innovador y su modelo pionero de gestión fue replicado por diversas instituciones del mundo. Entre ellas, el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO, creado en 1974.

Otorgan becas, subsidios, préstamos y organizan concursos. Además, a través de fondos concursables facilitan la edición de contenidos artísticos y literarios en diferentes formatos. Así, estimulamos la edición independiente de calidad.

Además de invertir en la expansión cultural, el FNA cuenta con un amplio patrimonio artístico, una colección propia de obras de artes visuales, artesanías, filmaciones y libros. También una biblioteca y mediateca especializadas y abiertas al público.

Miles de artistas –como Antonio Berni, Jorge Luis Borges, Sara Facio, Leonardo Favio, Julio Le Parc, Ricardo Piglia, Alejandra Pizarnik y Leopoldo Torre Nilsson, entre muchos otros– se han beneficiado, mayormente al inicio de sus carreras, con algunos de los servicios que ofrece el FNA.

Numerosos artistas en Entre Ríos, incluso vecinos crespenses, como por ejemplo, Ana Vera y Hernán Brambilla, recientemente obtuvieron una beca del FNA con su Proyecto de formación Percepción Musical para la Danza; también Javier Schmidt de la ciudad de Gral. Ramírez, quien fue becado con su obra  musical “Gringo”.  Ellos, entre muchos otros, han ganado concursos, obtenido becas, o subsidios que colaboraron en el desarrollo de sus obras o propuestas. Y claro está, que, a mediano y largo plazo, toda la sociedad se beneficia de esas producciones artísticas y de múltiples maneras.

Abarca múltiples disciplinas: Arquitectura, Artesanías, Arte y Tecnología, Artes Audiovisuales, Artes Escénicas, Artes Visuales, Diseño, Letras, Música y Patrimonio.

El FNA se convirtió en un ejemplo para otras entidades a nivel internacional principalmente por una característica: su metodología de recaudación.

Cuenta con recursos financieros propios dispuestos en nuestra Carta Orgánica y están habilitados por ley, para recaudar un gravamen denominado dominio público pagante (DPP), que se cobra por las obras una vez vencido el plazo de protección del derecho de autor. También tienen ingresos obtenidos por las tasas y multas de la Ley de Propiedad Intelectual Nº 11.723 e intereses de préstamos, aportes extraordinarios y títulos.

Esta política pública se considera única y da origen a un ciclo virtuoso que permite que las obras de los artistas de ayer financien a los de hoy.

“El DPP consiste en un gravamen que se debe pagar por el uso de la obra de un autor nacional o extranjero que ha fallecido hace más de 70 años. La Ley contempla plazos especiales, como el de la obra cinematográfica, fotográfica, entre otros.

Mientras el creador está vivo, le corresponde recibir los derechos de autor; a partir de su muerte y durante las siete décadas posteriores son sus herederos o los titulares quienes detentan el derecho y, vencido ese plazo, la obra cae en el dominio público. Es decir, una vez agotado el plazo de protección legal, si bien no es necesario requerir autorización alguna para la utilización de una obra caída en DPP, sí resulta requisito excluyente el pago del gravamen por dicho uso al FNA…, ”* .

-Aquí nos volvemos a preguntar, ¿De qué manera, el cierre de un organismo autárquico que se autofinancia y beneficia a toda la comunidad, podría colaborar en el avance del país?

El Instituto Nacional del Teatro (INT) es un organismo rector de la promoción y apoyo de la actividad teatral, y autoridad de aplicación de esta ley. Tiene autarquía administrativa y funciona en jurisdicción de la Secretaría de Cultura de la Nación.

El proyecto en cuestión fija la derogación de la Ley 24.800 que, en su artículo 7, especifica la creación del INT, es decir que también desaparecería.

Vale mencionar que el INT se financia con el 10 por ciento de los ingresos recaudados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a los cuales pueden sumar fondos luego de que presentan su presupuesto de ejecución al Congreso, que aprueba el destino de los recursos.

La clausura del Instituto, traería graves consecuencias para todo el sector. Frente a esta situación, rápidamente el campo cultural manifestó su disconformidad. Por su parte, las autoridades del INT emitieron un comunicado donde expresan:

“Las consejeras y consejeros, las representaciones provinciales, direcciones de áreas, trabajadores e integrantes del jurado del Instituto Nacional del Teatro hacemos un llamado al Congreso de la Nación para que no se apruebe el proyecto «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», conocida públicamente como «ley ómnibus».

En dicho proyecto de Ley nos vemos directamente afectados por la propuesta de derogación de la Ley Nacional del Teatro (24.800), con la consecuente desaparición del Instituto Nacional del Teatro, junto a la Ley de No Demoliciones de Salas (14.800). Ambas leyes son fundamentales para el fomento, desarrollo y protección de las comunidades de trabajadoras y trabajadores del sector teatral nacional. Su eliminación se plantea sin fundamentación, de manera arbitraria y sin el reclamo de ningún sector que demande esta derogación…

El teatro es trabajo y, como tal, generador de miles de fuentes de empleo. Con la derogación de la Ley Nacional del Teatro no solo están en riesgo los puestos de quienes formamos parte del Instituto Nacional del Teatro, sino de todas aquellas fuentes laborales que dependen de la puesta en escena de obras y ciclos de teatro independiente: rubros técnicos, actorales, dramatúrgicos y de dirección, salas y espacios de todo el país, medios especializados e infinidad de actividades conexas a la producción de las artes escénicas.

Exigimos el respeto a todas las generaciones teatrales del país, que construyeron los caminos que fortalecieron y respaldaron la creación de la Ley 24.800. La Ley Nacional del Teatro fue creada en 1997 y este año celebramos su 25 aniversario. Es una ley emblemática de la democracia y, de acuerdo con el espíritu de la misma, el Instituto Nacional del Teatro es un organismo federal con representantes en cada provincia de nuestro país que permite la llegada a todo el territorio nacional garantizando la diversidad cultural y el acceso a los bienes y servicios culturales a toda la población argentina”.

Además, por su parte, el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER) también emitió un comunicado, recordando las características del INT y la ley por la que fue creada y además, expresa:

“…Como Consejo Provincial esta ley ha sido un precedente fundamental, sobre el que se ha construido democráticamente durante años el sostenimiento al teatro de los diferentes puntos del país, y sobre el que basamos nuestra ley provincial.

La transparencia de donde provienen los fondos de financiamiento, así como la selección de Representantes y Jurados a través de Concursos públicos se pueden solicitar o ver directamente en la página web de la Institución donde figuran las Actas.

Consideramos que la difamación pública con total desconocimiento de los objetivos y funcionamiento de una institución que garantiza el derecho a la cultura en todo el país, es un atropello y perjuicio al trabajo de construcción realizado por generaciones de trabajadores/as del teatro que se materializa con la promulgación de esta ley”.

-Sabemos que las artes escénicas, así como toda la industria cultural, son generadoras de trabajo, de manera directa e indirecta, además de la producción de los bienes culturales en sí misma.

En nuestra provincia, Entre Ríos, muchos grupos teatrales, elencos y propuestas artísticas, se han visto beneficiados y a su vez, ellos han volcado esos beneficios en sus comunidades, como es el caso, por ejemplo, del Festival Callejero Corriendo la Coneja, en Paraná; asimismo, en algunas ediciones, brindó aportes a la realización de lo que fue la Fiesta Popular e Internacional del Teatro en Crespo.

Entonces, Si fuera el caso de que se encontraron fallas o deficiencias de algún tipo ¿No sería mejor revisar y corregir lo que fuera necesario?

¿Por qué cerrar un Instituto que, de manera federal, promueve la actividad teatral en todo el territorio del país, que fomenta las actividades teatrales a través de concursos, certámenes, muestras y festivales, otorga subsidios y becas a grupos, salas, artistas, eventos y proyectos, estimula la conservación y creación de espacios teatrales y difunde el conocimiento del teatro, su enseñanza, su práctica y su historia?

El empresario de espectáculos y flamante secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, cargo que todavía no ha sido oficializado por el Boletín Oficial, convocó a Mariano Stolkiner (director teatral, dramaturgo, actor y gestor) como director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro y a Javier Torre (cineasta y escritor) para dirigir el Fondo Nacional de las Artes.

Días después de los anuncios de las nuevas autoridades, aunque ambos sin nombramiento oficial, se presenta este proyecto de ley que decide cerrar sendos organismos. La incoherencia es notable. Tanto Stolkiner y Torre, manifestaron su desconcierto y apoyo al funcionamiento de los organismos en cuestión.  

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), se creó en 1957 y se reguló por la Ley Nº 17.741, de fomento a la actividad cinematográfica nacional sancionada en 1968. Se ocupa de fomentar, fortalecer, promover, y regular la producción cinematográfica y audiovisual argentina.

Entre otras cosas, organiza convocatorias, concursos y entrega subsidios para la realización de películas; maneja diversos programas para la circulación y difusión de las producciones, apoyando festivales de cine y varios proyectos de inclusión.

Además, coordina la Cinemateca Nacional que resguarda nuestro patrimonio audiovisual, el Observatorio Audiovisual donde se desarrollan líneas de investigación, elabora análisis y produce informes sobre las diferentes áreas que componen la industria audiovisual.

Si bien este proyecto de ley mantendría en funcionamiento el INCAA, le aplica modificaciones y deroga artículos de la Ley de Fomento Cinematográfico, que lo dejaría desfinanciado.

Además, este proyecto le quita la representatividad que el Consejo Asesor tiene hasta ahora, dejando todas las decisiones en manos del director. También está en riesgo la continuidad de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), la cual tiene sedes en distintas provincias y que se viene financiado con recursos propios del Incaa, del Fondo de Fomento.

El INCAA se financia principalmente, con el 25 por ciento de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), gracias a los gravámenes que se aplican a los dueños de los servicios de radiodifusión, pero esta ley lo eliminaría. También eliminaría el 10 por ciento aplicable «al precio de venta o locación de todo tipo de videograma grabado». Entonces al Fondo de Fomento para la actividad cinematográfica, a cargo del Incaa, sólo le quedaría un impuesto del 10 por ciento aplicable sobre el precio básico de cada entrada de cine emitida.

Y hay muchas restricciones más para las PyMes y realizadores cinematográficos argentinos, como limitaciones en cuanto a subsidios y a la posibilidad de asociarte con otros cineastas que a su vez tengan subsidios para otros proyectos audiovisuales.

Es por todo esto que las diversas organizaciones se manifestaron, por ejemplo, desde la Asociación General de Directores Autores Cinematográficos y Audiovisuales de Argentina (DAC) sostuvieron que los cambios que se proponen “producen un grave desfinanciamiento del INCAA que afectaría todo su accionar, producción y promoción de la cultura audiovisual nacional hasta llevarlo en muy corto tiempo a su total desaparición”.

Vanessa Ragone, presidenta de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC) apuntó, entre otras cosas a Página 12:

 “…hay plataformas en Argentina que no producen muchos largometrajes nacionales y que el cine argentino es mucho más diverso que eso. «A las plataformas no les interesa todo el cine argentino. De todas esas películas que el Incaa produce, salen películas que nos llevan a lugares que van desde el Oscar hasta el Festival de Cannes y que hacen ventas internacionales. Y no todas esas son películas que van a producir las plataformas, ni tienen por qué».

En la ciudad entrerriana de Crespo, tenemos grandes ejemplos, como es el caso de Eduardo Crespo, Maximiliano Schonfeld, Iván Fund, entre otros. O a nivel provincial, la Fiesta Internacional del Cine de Entre Ríos, donde pudimos ver grandes producciones audiovisuales locales, provinciales y nacionales.

-¿No es, acaso, contradictorio hablar del bienestar y libertad del país y reducir al máximo las posibilidades de producir productos culturales nacionales independientes o autorales?

-¿No es, acaso, contradictorio hablar de facilitar el proceso de generación de empleo genuino, y a su vez, minimizar las posibilidades de mantener el trabajo que genera, de manera directa e indirecta, la industria cultural?

Cabe recordar que el Instituto Nacional de la Música (Inamu) es un organismo de fomento para la actividad musical en general y la nacional en particular. Es un ente público no estatal. Es conducido y administrado por un Directorio, una Asamblea Federal y un Comité Representativo. Se rige por la Ley 26.801, sancionada en 2012.

En la ciudad entrerriana de Crespo, por ejemplo, Hernán Brambilla resultó seleccionado en la Convocatoria de Fomento Regional del INAMU, obteniendo un subsidio que colaboró con los costos del trabajo discográfico Trova y Camino, que incluye composiciones de otros jóvenes músicos entrerrianos. Respondiendo a esta misma convocatoria, Javier Schmidt de la ciudad de Gral. Ramírez, recibió una ayuda para la realización del audiovisual de su Tanguito Montielero Bailana Campera. Y así, muchos otros artistas de esta provincia y del resto del país.

El principal financiamiento del INAMU proviene de lo recaudado en marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (art. 97), un 2 por ciento de todo lo recaudado y también por su propia gestión.

Sin embargo, entre las medidas que van en detrimento de la cultura, el INAMU también se vería fuertemente afectado, ya que modificaría su financiamiento. El proyecto actual propone: “Sustitúyase el artículo 25 de la Ley N° 26.801 por el siguiente: – Los fondos destinados al Inamu serán propuestos y asignados por la Secretaría de Cultura de la Nación u organismo que en el futuro la reemplace, dentro del Presupuesto General de la Nación”.

Entre otros puntos, determina la derogación de cerca de 20 artículos. Entre ellos figuran los relacionados al carácter federal de la ley, a la inscripción de músicos en un registro nacional y a la promoción de músicos argentinos…

En el artículo sexto…se suprimirían los puntos: “Proteger la música en vivo, coordinando y fomentando los establecimientos con acceso al público donde se realice habitualmente actividad musical, en especial los centros culturales, clubes de música, bares culturales, auditorios, peñas, festivales, festividades tradicionales y espacios no convencionales de música de nuestro país” Y el siguiente: “Fomentar la producción fonográfica y de videogramas nacionales, su distribución y su difusión…”, entre otras modificaciones.

El presidente de la Unión de Músicxs Independientes (UMI), Gustavo Rohdenburg, señala que las medidas del gobierno pretenden «eliminar y derogar todo lo que es la representación de la actividad musical organizada que viene siendo parte de la historia de la industria cultural y musical de la Argentina». «Por ejemplo, elimina los consejos regionales y la posibilidad de que todos los años las asociaciones de músicos, los sindicatos y las cooperativas elijan a quiénes van los fomentos del Inamu», precisa. «También elimina el Comité Representativo a nivel nacional y elimina el derecho al telonero argentino en los shows internacionales de artistas extranjeros a la vez que elimina cobrar las multas por ello», explica a Página 12.

Por su parte, la Federación Argentina de Músicxs Independientes (FA-MI), expresó en un comunicado:

“…esta propuesta legislativa quiere transformar al INAMU en apenas un programa de la Secretaría de Cultura. Sería como estatizar el INAMU, ya que es un Ente Público – No Estatal, lo que quiere decir que es un órgano mixto regulado por el derecho público y que se aplica el derecho privado en sus relaciones con particulares.

La aprobación del proyecto sería el certificado de defunción de la experiencia de fomento más federal, transparente y participativa de la actividad cultural. Un Instituto que valoran hasta los países del llamado primer mundo por su transparencia, federalismo institucional (su gestión fue aprobada por unanimidad por los 24 gobiernos de las 23 provincias y CABA durante 9 años), y el protagonismo asociativo territorial en la elección de los beneficiarios, con la participación de más de 80 asociaciones de la actividad musical federal…, que garantizó participación comunitaria: un organismo sin una sola denuncia desde su origen y sin deudas…”

-Es decir, ¿Se propone reducir apoyo y fomento, en todo sentido, a nuestra música y artistas? ¿Para qué quitarle su carácter representativo y federal? ¿Por qué hacer que sus fondos queden supeditados a decisiones del funcionario de turno de la Secretaría de Cultura de la Nación? ¿Quiénes se beneficiarán con estos cambios?

“La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) es un organismo que fomenta el fortalecimiento de las Bibliotecas Populares como organizaciones de la sociedad civil e impulsa su valoración pública como espacios físicos y sociales relevantes para el desarrollo comunitario y la construcción de ciudadanía.

CONABIP tiene como funciones orientar y ejecutar la política gubernamental, a través de un modelo de gestión asociado, que favorece la consolidación del carácter autónomo de este movimiento social único que tiene casi 1500 bibliotecas con más de 4 millones de usuarios y usuarias, 20 millones de libros, 30.000 voluntarios y voluntarias y 5 mil empleados que, a lo largo y a lo ancho del país, trabajan por el bien común desde 1870.

La Comisión se creó en 1870 con la promulgación de la Ley Nº 419, propiciada por Domingo Faustino Sarmiento, para fomentar la creación y el desarrollo de las Bibliotecas Populares que difunden el libro y la cultura…” Así, la primera Biblioteca Popular nació en San Juan en 1866, bajo la iniciativa de Sarmiento.

“Durante el siglo XX, la vida de las Bibliotecas Populares y de la Comisión tuvo matices en función de las diferentes características de los gobiernos que gestionaron el Estado nacional. Durante ciertos periodos, se dio el fortalecimiento de estos actores y en otros se enfrentaron a la falta de acompañamiento, el abandono, e incluso, la persecución en tiempos de dictaduras.

El presidente Néstor Kirchner incluyó a la Conabip dentro del Presupuesto Nacional, lo que permitió el desarrollo y fortalecimiento del crecimiento de las Bibliotecas Populares…

En la actualidad, este movimiento social y cultural único en la Argentina y en Latinoamérica, encara los nuevos desafíos que el siglo XXI les propone en materia de actualización de sus acervos, de incorporación de las nuevas tecnologías y la información, de renovación de su dirigencia y la puesta en valor de su trayectoria como organizativo de la sociedad civil…”**.

“Hasta ahora, el Fondo Especial creado por ley 23.351 le asigna a la Conabip un porcentaje de lo recaudado en premios de loterías y juegos; en el 2005, el PEN le agregó fondos especiales por el mismo monto recaudado”, repasa La Nación.

Cabe recordar, que el año pasado fueron prorrogadas por cincuenta años las asignaciones específicas, para las bibliotecas populares, aunque ahora esto también está en riesgo.

– “Varios artículos de la ley 23.351 son reemplazados en el proyecto. Primero establece que se las clasifique según la cantidad de obras, el movimiento diario de esas obras y las actividades culturales que desarrollen. A continuación, se informa que las bibliotecas populares dependerán de los subsidios que el Congreso les otorgue; para obtenerlos, se deberá acreditar “la necesidad social de los servicios en la zona de influencia de la Biblioteca Popular”, “las necesidades específicas para el crecimiento de las bibliotecas más carenciadas” y “el mayor esfuerzo” realizado en la prestación de servicios (no se determina quién lo evaluaría)”, explica La Nación.

En la ciudad entrerriana de Crespo, tenemos a la prestigiosa Biblioteca Popular Orientación y la única de puertas abiertas a toda la comunidad. Ellos dependen del aporte de la Conabip para la compra anual de libros. Algo similar ocurre en muchas otras localidades argentinas. Ahora ¿Qué pasará?

-En este escenario es difícil imaginar, ¿Cómo sobrellevarían las bibliotecas estas nuevas exigencias? ¿Qué cantidad de gurises y adultos se verán afectados por el desfinanciamiento de estos espacios?

En el artículo 60 se propone la derogación de la ley 25.542 que establece que haya un precio uniforme de los libros de venta al público. “Esto supondría que cadenas de librerías o cualquier otro comercio (supermercados, por ejemplo), si lo quisieran, podrían vender libros a un precio similar e inferior al del costo, lo que supondría el cierre rápido y definitivo de librerías más pequeñas, que no podrían competir con tal estrategia.

Por otro lado, la bibliodiversidad se vería afectada y las editoriales independientes, cuyos catálogos no son tan masivos como los de las que publican best sellers, correrían riesgo de supervivencia”, sintetiza Daniel Gigena para La Nación.

“Si se deroga la ley del precio único, los contratos de las editoriales con los autores se verán afectados, porque ya no podrán fijarse al 8 o 10 % del valor comercial de cada ejemplar”.

Es decir, estas modificaciones también afectarían negativamente a los autores, ya que los mayores descuentos en los precios, irán en detrimento de su ganancia. A su vez, perjudicará a los lectores, ya que en muchos casos se perderá el contacto directo con su librero y a las pequeñas editoriales, que suelen ser las que publican a los autores nóveles, les costará sobrevivir.

-Pensemos ¿Cómo sobrevivirán las Pymes? Y volvemos a preguntar ¿A quién beneficiaría la desregulación de las librerías?

“La Fundación El Libro, institución integrada por la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, la Sociedad Argentina de Escritores; la Cámara de Librerías, Papeleras y Afines; la Federación Argentina de la Industria Gráfica y el Sector español de Libros y Revistas, manifiesta su total y absoluto rechazo a los proyectos de derogaciones de leyes fundamentales para el funcionamiento del valioso y admirado sistema cultural argentino”.

De la misma forma, la Cámara Argentina del Libro y la Cámara Argentina de Librerías Independientes, entre muchos otros organismos y personas, repudian esta propuesta.

Cada una de esta normas e Institutos que este proyecto pretende borrar, o cercenar, fueron el resultado de muchos años de trabajo y de lucha, de miles de trabajadores de la cultura.

Hay muchos otros puntos alarmantes que están englobados en este proyecto de ley “Bases y Puntos Partida para la Libertad de los Argentinos”, como las reformas en materia educativa y párrafo aparte, la declaración de emergencia pública para que se le deleguen amplias facultades legislativas al Ejecutivo por dos años, con los riesgos que esto conlleva para la democracia.

Y debemos seguir preguntando ¿De qué manera estas medidas favorecen al ciudadano argentino? Aunque miráramos solo el aspecto económico, estos cierres y recortes, realmente ¿Reducirían el gasto público?

¿Qué lugar ocupa la cultura y las artes, para este gobierno? ¿A quiénes incluye en su política cultural? ¿Y a quiénes deja afuera?

El proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, allí debe debatirse en las comisiones, obtener el dictamen, para luego tratarse en el recinto. De aprobarse, pasaría al Senado, quien también debería aprobarla para su sanción definitiva. Además, requiere la aprobación por mayoría absoluta en ambas Cámaras, es decir que es necesario el voto a favor de más de la mitad de los integrantes de cada Cámara.

Mientras, los trabajadores de la cultura de todo el país, aquí solo mencionamos y reproducimos algunos comunicados, se encuentran en estado de alerta, movilización y repudio total frente a este “ajustazo cultural”, que plantea ser más cruel quizás de lo que se había anunciado y especialmente de lo que muchos se imaginaban.

Es por esto que se proponen diversas acciones para visibilizar esta situación, una de ellas es Música Por Necesidad y Urgencia, una convocatoria para que los músicos toquen en las esquinas, balcones y ventanas, este sábado 30, a partir de las 17 horas.

Esperamos que los legisladores cumplan con su deber de defender los derechos de todos los argentinos.

*Para más información, entre otros, pueden ingresar aquí:

* https://www.argentina.gob.ar/cultura/fna

** https://www.conabip.gob.ar/

*** https://inteatro.ar/

https://inamu.musica.ar/

http://www.incaa.gov.ar/

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